En las últimas horas, las autoridades de Madagascar han anunciado la suspensión, de forma provisoria, de la firma de inteligencia financiera del Grupo Egmont, justamente en un contexto en el cual algunas de las investigaciones de estas personas estaban poniendo directamente en jaque al Gobierno de Andry Rajoelina.

El caso es que se trata de una red internacional que ayuda a rastrear el lavado de dinero o financiamiento de terrorismo, la cual se instaló hace algunos años en Madagascar, y desde entonces los enfrentamientos de la misma con las autoridades se han hecho cada vez más evidentes, hasta un punto de no retorno como el actual.

El problema es que estos inconvenientes se producen en los mismos momentos en los que expertos internacionales ya han hablado de la necesidad concreta de que se realicen una serie de normativas relacionadas directamente con poder controlar el crimen organizado dentro del país, que se ha ido de las manos del Gobierno.

Ahora, la suspensión de Egmont es una muestra más de los desacuerdos que existen en esta materia, y aunque se espera que la misma sea levantada lo antes posible, no son pocos los que consideran que la situación en cuanto al control del terrorismo no tiene marchas atrás. Sobre, todo, para un país que hace 4 años espera elecciones.

Vía e imagen: Global Voices Online